Turismo y seguridad jurídica

El atropello a Ronald Larsen es siniestro alerta de que es iluso invertir a largo plazo para convertir eriales en cornucopias agrícolas. ¿Cómo se puede avanzar en fomentar el turismo, en un país de “originarios” soliviantados que asesinan turistas, invaden reservas y parques naturales, o despojan a los inversionistas? Ciertamente no será hasta que el respeto a la ley que subyace a la seguridad jurídica vuelva a imperar en Bolivia.


Solté una carcajada al leer que una prostituta mexicana se quejaba que la influenza les había arruinado el negocio. “Esta pinche epidemia porcina alejó a todos nuestros clientes, esta es una ciudad fantasma”, maldijo, en la esquina de la casi vacía calzada plena de moteles, otrora atestada de asiduos del sexo pagado en el distrito federal. Ni barbijos sanitarios ni descuentos especiales funcionaron. En vez de maldecir, otras diversificaron sus actividades, cortando cabellos en vez de ímpetus libidinosos. Todo esto en una ciudad capital con la mayor cantidad de hospedaje en un México octavo en turismo mundial y primer destino turístico de América Latina, que le rinde más de 12.000 millones de dólares en ingresos anuales, y más de 14% de los empleos directos e indirectos en su economía.

Luego lamenté la estupidez del gobierno de Haití, que por temor e ignorancia sobre la gripe porcina rechazó el arribo de un buque mexicano que traía 77 toneladas de arroz, fertilizante y equipos de emergencia para el país, “donde la gente verdaderamente se está muriendo, no del virus, se está muriendo de hambre”, declaró airado el Presidente Felipe Calderón. La carga era una donación, “parte de los 324 millones de dólares de ayuda prometida el 14 de abril durante una conferencia de donantes realizada en el Banco de Desarrollo Interamericano, en Washington”, puntualizaba el despacho.

Curiosa dialéctica la de mi musa. De tal jocosa tesis y penosa antítesis sintetizó una reflexión sobre turismo y seguridad jurídica en el país. La propició una carambola sobre las penurias de Ronald Larsen, un hacendado gringo en el inhóspito Chaco.

Empezó con recordar que cuando las hijas eran pequeñas y nosotros yescas pero briosos, viajamos a Brasil en el tren de los contrabandistas, sobre el que alguna vez había leído en la revista National Geographic. En esa época, Puerto Suárez era polvoriento pueblo sin albergues de nota, así que cruzamos a Corumbá. El bolsillo no daba para cinco estrellas; recalamos en A Posada do Cachimbo, hotelito paradisíaco de más entorno de frutos y aves tropicales que comodidades, cerca al Pantanal en que desborda el río Paraguay. Deseaba que mis hijas supieran de los “ciruelos de la selva” –como describí los frutos de un tutumo a un gringo crédulo que casi mordisquea uno en Villa Tunari.

Quiero pensar que eso pretendía el estadounidense en el pedazo de edén que forjó en Caraparicito. Hoy se debe preguntar ¿de qué sirve hacer cosas de acuerdo a la ley en Bolivia? A mí también me ronda la sesera la cuestión, al sopesar abusos a uno que llegó hace más de 40 años con espíritu de pionero a este país vacío, invitado por el gobierno de entonces.

Compró sus tierras, tramitó sus títulos, invirtió dinero, fatigas e ingenio en convertir un erial de cactus gigantes y tuscales de hoja dulce que ramonean ariscas reses, en refugio paradisíaco de agropecuaria eficiente. En él convivían fauna silvestre, búfalos, ñandúes y vacunos mejorados, con 18 familias que vivían y trabajaban en la propiedad. Patrón ilustrado, estableció una escuelita donde se educaban los hijos de sus trabajadores, muy lejos del Chaco de mano de obra forzada y de hambrunas en aldeas de guaraníes que reporta la ONU. Innovador, iba a insertar su vergel en el proyecto Haciendas del Chaco con otras cinco, como destino viajero en sitio turístico de Internet de más de 6 millones de ciudades, pueblos y lugares en 136 países.

Entonces sobrevino la fiebre populista, que bien podría llamarse “gripe evina”, bloqueando las vías respiratorias del país –que son sus carreteras- y mermando los glóbulos rojos de sus regiones más productivas –que son sus tierras bajas- mediante cortapisas a la exportación, apretones a la yugular del suministro de combustibles y confiscaciones de tierras.

¿De qué seguridad jurídica podemos hablar?, pregunto, si uno con complejo de comisario estalinista confiscó el fruto de su trabajo, luego de enturbiar el arroyo sin antes beber del agua clara, con fábulas de esclavos y servidumbres odiosas. En la onda de la truculencia de su jefazo –el de los ojos vaciados y las manos mutiladas por aprender el abecedario.

Si Larsen tenía 12.000 hectáreas o si acumuló latifundios con más de 70.000 hectáreas, ¿no están los juzgados agrarios para evidenciar lo uno o lo otro? En el campo, si a las tres de la mañana ingresan desconocidos con un mandamás ebrio a su propiedad, ¿no sacaría su escopeta y dispararía a la llanta para defenderla? Eso fue lo que hizo Ronald Larsen. ¿Usted qué haría?

Hoy en día el país es castillo de naipes asentado sobre contrabando, narcotráfico, oclocracia y corrupción. Me invade la desazón rememorando que alguna vez he propugnado que el progreso sostenido de Bolivia se cimentaría sobre cuatro pilares: minería, energía, agropecuaria y turismo. Ya se revienta la burbuja de buenos precios de los minerales, mientras la quimera “originaria” ha desatado despojos de minas en el occidente. Con inversiones extranjeras ahuyentadas, no va más sembrar el gas natural siendo nodo proveedor del energético a los países vecinos; menos aún desarrollar potencial hidroeléctrico en montañas que vacían agua al Amazonas.

El atropello a Ronald Larsen es siniestro alerta de que es iluso invertir a largo plazo para convertir eriales en cornucopias agrícolas. ¿Cómo se puede avanzar en fomentar el turismo, en un país de “originarios” soliviantados que asesinan turistas, invaden reservas y parques naturales, o despojan a los inversionistas? Ciertamente no será hasta que el respeto a la ley que subyace a la seguridad jurídica vuelva a imperar en Bolivia. De otra suerte, no quedará más que hurgar en el desván familiar por acsus, polleras o tipoy que la mayoría de bolivianos tiene en el ancestro, para calificar de impunes “originarios”.

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