Inseguridad e instituciones débiles

By Winston Estremadoiro

Creería que el régimen de Evo Morales es un gobierno de cambio si fortaleciera las instituciones del Estado. Inmunizarlas al manoseo de los mandamases de turno, por ejemplo, fomentando un sólido cuerpo de bien remunerados e inamovibles burócratas, policías y jueces asentados en mérito y probidad. Enviar a un millar de profesionales con cargos asegurados a su retorno,  a Dinamarca o Irlanda, para que aprendan el abecedario del servidor público.

Mi magistrada de tálamo nupcial coordina un grupo interinstitucional para hacer más efectivo el cumplimiento de la Ley 1674 contra la violencia familiar y doméstica. Esa norma castiga a los pegadores de mujeres con simples multas, que –la feminista brotaba en mi esposa- ni compensan el daño físico a las pobres féminas; menos aún el deterioro psicológico a las agredidas y a sus hijos, muchas veces marcados por tales atropellos. El trabajo comunitario es un disuasivo: han disminuido las denuncias de violencia familiar desde que se dio a conocer que se castigarán con labores de ayuda a la comunidad. Ampliaron los alcances a los borrachos que causan incidentes de tránsito, a veces con daños materiales y personales.

Entonces vinieron los peros. Que los derechos humanos. Que respetar el anonimato de los presos. ¡Pero si la censura pública es el mayor disuasivo para estos delitos!, clamé. En el pasado propuse que en vez de colmatar las atestadas cárceles, se restituya el cepo en las plazas, disponiendo ramas de ortiga para que las mujeres azoten en el poto pelado a pegadores y ebrios. Causa rabia que a los maleantes se deje cubrirse la cara en ruedas de prensa. Vergüenza es que conscriptos sean usados para limpiar las ciudades. ¡Vistan a los agresores y borrachines de chalecos en colores llamativos, con letrero en la espalda –“pegador de mujer”, “ebrio que ocasionó un accidente”- y a limpiar muladares urbanos! Con el logo de la entidad que financie las prendas adelante, como las camisetas de futbolistas…

Dicen los expertos que la inseguridad es uno de los principales factores de atraso en nuestra parte del mundo, porque está frenando las inversiones. Los gastos de seguridad, que en Asia representan un 3% del gasto total de las empresas, en América Latina son más del doble. Cómo no, si con el 8% de población mundial, concentra el 75% de los secuestros. Vivimos de espaldas a la realidad de navegar en el río más inseguro del mundo. Estancado hasta hace poco, el meandro boliviano se ha vuelto torrentoso en su discurrir azaroso. No pasa día en que la ola criminal no se muestre en las noticias. Para peor, es rala la confianza en la policía y en la justicia: de más de 40 mil delitos en 2008, sólo dos fueron llevados a proceso. Es urgente encontrar soluciones efectivas de acuerdo a la idiosincrasia y con participación de la ciudadanía.

Dos facetas de la creciente criminalidad en el país son la inseguridad jurídica y el terrorismo de Estado. Respecto a la una, Bolivia es dama pechugona de leyes, donde rige aquel colonial “obedezco al Rey, pero no cumplo” de los encomenderos con respecto a las protectoras Leyes de Indias. Se tienen más leyes que en Suecia, pero la capacidad institucional para hacerlas cumplir es menor que la de Botswana, país africano y mediterráneo, en auge por su seguridad jurídica y apertura a las inversiones.

El principal saboteador de la seguridad jurídica es el gobierno, que pone zancadillas al Poder Judicial. ¿No insufla incertidumbre pregonar que próximos cambios en el Código Penal quitarán validez y obligatoriedad a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional? Las sonrisas a las empresas foráneas para inducir a que inviertan millones en el sector petrolero, ¿no fue precedida por el arresto de sus ejecutivos y cargos de evasión impositiva y contrabando, mientras los capos masistas del tigre de papel de la nueva “Corporación” YPFB robaban a gusto en contratos fuleros y adjudicaciones dolosas?

No es necesario repetir el anecdotario de atropellos –en Yacuiba, Porvenir, Santa Cruz y otros- que hacen de este gobierno un protagonista del terrorismo de Estado. Ahora se viene el Gran Hermano. Es una alusión a George Orwell y su novela 1984 que critica las técnicas modernas de vigilancia totalitaria. Escrita en 1949, es profética del resbalón al totalitarismo de los actuales salvadores de la patria.

El reciente decreto que obliga al registro de los celulares puede ser cabeza de puente. La meta es desincentivar el robo, pero igual que alteran los números de chasis en vehículos robados, pueden modificar o cambiar el código de identificación de los celulares. Si tal medida restringe e identifica el origen de los mensajes, ¿qué impide que se use para controlar a los opositores del régimen?

Nadie discutirá que España es un país con instituciones más sólidas que las nuestras, incólumes así estén en el gobierno izquierdistas o derechistas. Pues allí se cuestiona el Sitel, un potente software que permite pinchar teléfonos sin previa autorización judicial. El sistema, dicen, vulnera derechos fundamentales de los ciudadanos porque se utiliza bajo un ambiguo paraguas judicial. Si en Bolivia las prioridades las fija un “evo-maniático”, digo ego maniático, que no se mosquea de malgastar $300 millones de dólares en un satélite de comunicaciones propio, ¿le importará rifar 32 millones de euros y comprar el software para interceptar las telecomunicaciones?

En lugar de hacer eco a los ladridos del perro de guerra caribeño, que can que ladra no muerde, creería que el régimen de Evo Morales es un gobierno de cambio si fortaleciera las instituciones del Estado. Inmunizarlas al manoseo de los mandamases de turno, por ejemplo, fomentando un sólido cuerpo de bien remunerados e inamovibles burócratas, policías y jueces asentados en mérito y probidad. Enviar a un millar de profesionales con cargos asegurados a su retorno, no a Cuba o a Venezuela –con sistemas políticos más fracasados u obtusos que el nuestro- sino a Dinamarca o Irlanda, para que aprendan el abecedario del servidor público. Dudaría que la mandamás de Transparencia ejerciera de “pitbull” del terrorismo de Estado, si antes hubiese estudiado en Finlandia cómo ha llegado ese país a ser el menos corrupto del mundo.

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